Buscaban un dispositivo rápido, fiable y de bajo coste, y tras largos años de investigación lo han conseguido. En el grupo de investigación de bioelectroquímica y biosensores de la Universidad Alcalá de Henares en España (Ref CCEE2006/F29), que dirige la doctora Elena Domínguez Cañas están muy cerca del prototipo de lo que puede convertirse en uno de los grandes aliados de los ganaderos, productoras lácteas y organismos de control para garantizar productos de calidad al consumidor.

Lo fundamental y trascendente de este nuevo dispositivo, que cabe en un bolsillo, es que la detección de los residuos puede realizarse en etapas iniciales de la cadena de producción de alimentos. Esta tecnología, basada en biosensores, está habilitada para detectar allí donde sea necesario alimentos que contengan componentes químicos, que bien por su toxicidad o por su excesiva concentración provoquen reacciones adversas al ser consumidas o utilizadas para la alimentación humana o animal.

“El dispositivo que hemos desarrollado es capaz de realizar mediciones en granja, en unas condiciones no estandarizadas de laboratorio, sin necesidad de personal cualificado; es decir, que lo podría usar el propio granjero, y desde luego garantiza la seguridad alimentaria. Por ejemplo, se pueden detectar residuos en leche en una determinada explotación proveniente de una vaca medicada, pudiéndose retirar antes de que se mezcle con otras leches y se contaminen todas las partidas”, explica esta profesora de la UAH, que dirige desde hace años al grupo de investigación.

Elena Domínguez no se engaña ni engaña a nadie: “sería ingenuo pensar que los animales dedicados a la producción de alimentos no están medicados, porque la mayoría lo están bajo control veterinario; por ejemplo, las vacas sufren con frecuencia mastitis. Tampoco nos deben de sorprender prácticas fraudulentas como suministrar a los animales corticosteroides, que potencian el crecimiento y ofrecen una ‘mejor vista’ de la carne, o medicar para prevenir infecciones.

El problema estriba cuando se hace un uso indebido o no se respetan los tiempos de retirada que marcan la legislación y esa materia prima llega al mercado o a etapas en las que resulta mucho más compleja su detección”, matiza.

Por eso el objetivo de este nuevo instrumento de medir determinados compuestos químicos, allá dónde se requiera, no es otro que “democratizar la información química de los alimentos”, hecho que se interpreta como “hacer accesible a cualquier interesado la información química que garantice la seguridad alimentaria” y, sobre todo, que cualquier problema de contaminación química alimentaria se pueda detectar antes de que llegue al producto final en la industria de transformación o en el peor de los casos en el producto final en el supermercado, porque el impacto económico y social sería mayor.

La doctora Domínguez Cañas no quiere generar ningún tipo de alarma: “no se mide ni se controla todo, aunque sería falso decir que el alimento que llega al consumidor no está muy controlado. Se controla lo que se puede medir, pero lo que no se conoce ni se puede medir no se puede controlar y éste es uno de los problema en el fraude alimentario. No se trata de generar falsas alarmas, se trata de desarrollar tecnologías que nos permitan conocer y controlar la presencia de compuestos químicos en los alimentos que merman su calidad y ponen en risego su seguridad”.

¿Cómo funciona el dispositivo?. Sencillo, ya lo hemos dicho. La placa sensora permitiría detectar el residuo y transformar esa señal en información. “Podríamos compararlo con los dispositivos que utilizan los diabéticos para la medida de la glucosa en sangre. El inmunosensor se sumerge en la leche y tan sólo 30 minutos después se puede saber con fiabilidad si la muestra de leche, pienso o carne está dentro de los límites establecidos por la legislación. Esta información se puede enviar por GPRS, WIFI o Wimax a la central permitiendo un registro fiable de las partidas de leche que están contaminadas y las que no, en tiempo real”.

El dispositivo es portátil, pesa poco, funciona con batería y, sobre todo, trabaja en tiempo real y es barato. Un análisis de residuos de antibióticos en cromatografía líquida con detección de espectrometría de masas -técnica habitual que se realiza en un laboratorio- puede costar unos 200 euros; en este caso, el análisis no costaría más de 3 euros.

El dispositivo es “revolucionario”. El tiempo dirá si es comercializable o no. De momento, el grupo de investigación, que hasta ahora se ha financiado gracias a las ayudas aportadas por el Plan Nacional de Agroalimentación en I+D y a los proyectos del IV, V y VI Programa Marco Europeo, trabaja en el modelo de utilidad en colaboración con el Departamento de Teoría de la Señal de la Escuela Politécnica de la UAH y, por tanto, están muy cerca de un prototipo. Sólo hay que esperar.

Fuente: UAH – Universidad de Alcalá de Henares